UNA SENTENCIA
INJUSTA Y ABSURDA
Desde hace ya varias
semanas diversas organizaciones civiles y algunos sectores de la Iglesia Católica
en la República Dominicana han levantado la voz en defensa de los derechos
fundamentales de todos los perjudicados por la sentencia número 168-13 del
Tribunal Constitucional del país. La comunidad internacional también ha
empezado a denunciar la flagrante injusticia de dicha sentencia, que amenaza
con dejar a cerca de 200.000 personas sin identidad nacional. Es obvio que cada
país es soberano para establecer sus leyes de inmigración y decidir a quienes
les concede la nacionalidad o a quienes no; en lo que no se puede estar de
acuerdo es que el Tribunal Constitucional dominicano, en esta sentencia, arrebata
la nacionalidad a ciudadanos y ciudadanas dominicanos a la vez que viola la
Constitución Dominicana vigente desde 2010.
Todo este conflicto comenzó
en 2012 con el recurso de revisión constitucional presentado por la señora
Juliana Dequis Pierre, de padres haitianos, pero nacida y afincada toda su vida
en República Dominicana. El recurso se originó porque la Junta Central
Electoral se negó a entregarle un acta original de nacimiento para tramitar su
cédula de ciudadanía. La negativa se debía a que la Sra. Dequis tiene apellidos
haitianos. Como resultado de dicho proceso el pasado 23 de septiembre de 2013
el Tribunal Constitucional falló en favor de la Junta Central Electoral y a la
señora Juliana se le denegó el derecho al acta de nacimiento y con ello a su
nacionalidad. En la misma sentencia el Tribunal abría la puerta a
desnacionalizar a más de cuatro generaciones de dominicanos y dominicanas que
están en la misma situación legal que la señora Juliana Dequis Pierre. Se
deriva de la sentencia que el único delito que han
cometido es ser de ascendencia haitiana.
En resumen: esta sentencia
arrebata la nacionalidad a todas aquellas personas que durante ocho décadas (desde
1929) fueron registradas como dominicanas pero cuyos padres eran “migrantes
irregulares”. Ello afecta directamente y sobre todo a miles de personas de ascendencia
haitiana que hasta ahora estaban al amparo de la Constitución y de las leyes
vigentes en el momento de su nacimiento y ratificada en el artículo 18.2 de la
actual Constitución (de 2010). Se calcula que cerca de 200.000 dominicanos de
origen haitiano quedarán afectados por esta ley. En el caso de que se aplique,
perderán su nacionalidad y se convertirán en apátridas, la mayoría de ellos de
manera retroactiva por el supuesto delito de sus padres o abuelos, que llegaron
y vivieron en el país de forma “irregular”.
Esta polémica
sentencia, además, decide ignorar algo obvio: que la inmigración haitiana en la
República Dominicana es (como todos los fenómenos migratorios) un proceso
complejo, propiciado por causas económicas, en el que las dos partes (el país
que envía y el que recibe los
inmigrantes) obtienen beneficios. El inmigrante busca salir de la pobreza, y quien
lo recibe obtiene mano de obra barata para su economía nacional. Penalizar a
hijos y nietos de inmigrantes irregulares haitianos, negándoles la
nacionalidad, después de que sus padres y abuelos fueran traídos mediante
contratos bilaterales entre los dos gobiernos, y se establecieran y trabajaran
en durísimas condiciones en la República Dominicana, es, en pocas palabras, un
ejercicio de cinismo.
Por otra parte, la
sentencia debilita el estado de derecho del país y, con ello, incrementa la
vulnerabilidad de los más pobres, al violar los principios de favorabilidad y
no retroactividad de la ley, establecidos en la Constitución Dominicana de 2010
en los artículos 74.4 y 110 respectivamente. Los afectados por la sentencia son
hombres, mujeres y niños que consideran la República Dominicana como su única
patria, pues no conocen otro país ni otra cultura, ni otra lengua, son 100%
dominicanos y sin embargo, ahora se les niega dicha nacionalidad.
La sentencia no sólo
perjudica a miles de dominicanos y dominicanas sino que alienta en el resto de
la población el anti-haitianismo (de hondas y complejas raíces históricas y
sociales) que siempre ha estado latente pero que ahora se hace explícito, creando,
por ende, más malestar
y conflictos sociales. Sectores autodenominados “nacionalistas” han salido a las
calles a respaldar la sentencia del Tribunal Constitucional y a negar la injusticia
que dicha sentencia supone. Si fueran realmente nacionalistas defenderían el
derecho a la nacionalidad de todos aquellos dominicanos y dominicanas afectados
por la sentencia. Una vez más se ve que en el trasfondo de la cuestión está el
resentimiento hacia el pueblo haitiano y su descendencia en República
Dominicana.
En estos momentos el
país está dividido entre los que aplauden la sentencia y los que la
desautorizan. Las encuestas muestran que más o menos la mitad de los
dominicanos apoya la sentencia y la otra mitad la rechaza. También hay quienes
están de acuerdo con la sentencia pero no con su carácter retroactivo hasta 1929.
Esta división, aparte de generar malestar social, perjudica las relaciones entre
los dos países y afecta negativamente a la economía binacional. Los afectados por
la sentencia 168-13 carecerán de documentos legales para estudiar, trabajar,
registrar a sus hijos o acceder a cualquier servicio básico público. Es una
situación crítica a la que un estado democrático del siglo XXI debe saber
encontrar soluciones que pasen por respetar los derechos humanos de todos los
que viven y trabajan en su suelo. El camino que les queda a los afectados es luchar
para que se respeten sus derechos fundamentales, haciendo oír su grito de angustia
a la comunidad internacional, esperando que el mundo se solidarice con ellos. Y
para los que trabajamos con ellos, el camino es acompañarles en esta lucha por el
respeto de sus derechos fundamentales y ayudarles a hacerse oír.
Juan
Manuel Camacho
