DE MAL EN PEOR: LA
ODISEA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD HAITIANA EN REPÚBLICA DOMINICANA
Desde
septiembre de 2013 los dominicanos de ascendencia haitiana han luchado para
poder recuperar su derecho a la nacionalidad, que les fue negado por el
gobierno dominicano mediante la sentencia del Tribunal Constitucional 168/13
(de la que en su día ya informamos ampliamente en este blog). Al cabo de varios
meses de disputa, la solidaridad de muchos en el país y la presión de la
comunidad internacional sensibilizó al gobierno dominicano para que promoviera
la ley 169/14, que establece un plan de regularización de inmigrantes
indocumentados dentro del territorio dominicano y un plan de naturalización
para todas aquellas personas nacidas en el territorio nacional e inscritas
irregularmente en el Registro Civil dominicano. Con esta ley se abría la
posibilidad para que los nacionales haitianos que están de manera irregular en
el país se regularizaran, y para que los dominicanos de ascendencia haitiana
pudieran acceder a la nacionalidad dominicana. La nueva ley, pues, era un gran
logro que muchos celebramos con alegría: la vimos como un acto de buena
voluntad por parte del gobierno dominicano, al promulgar una normativa que
tenía los componentes para mejorar la situación de todos aquellos que estaban
en un limbo legal a causa de la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/13.
Poco sabíamos lo que nos esperaba en
los meses venideros: una vez se empezó el proceso de regularización y
naturalización, algunas oficinas del gobierno dominicano empezaron a funcionar
con agilidad, pero no así muchas otras. Hoy día hay provincias del país en las
que la simple verdad es que no se está llevando a cabo lo que la ley 169/14
establece. En otras se han ido agregando modificaciones y notas a pie de página
a dicha ley, a fin de complicar las cosas. Diversas oficinas provinciales han
determinado pedir y gestionar requisitos nuevos, que no estaban contemplados en
lo establecido por la ley: este es el caso de la oficina de Azua, provincia del
sur de República Dominicana en la que la Comunidad de San Pablo trabaja desde
el año 2003.
Además, la
mayoría de los nacionales haitianos que habitan en esta zona no cuentan con
ningún documento de identidad de su país, y éstos son requisito indispensable
para poder regularizar su situación en República Dominicana. La gestión de
dichos documentos ronda los 160 euros para poder obtenerlos en cualquier
consulado u oficina del gobierno de Haití. Muchos de los haitianos no pueden
pagar esa cantidad de dinero. El gobierno dominicano, con la comunidad
internacional, presionó al gobierno de Haití para que les facilitara la gestión
de dichos documentos a sus nacionales, de manera que pudieran regularizar su
situación en Dominicana.
Meses más tarde el gobierno haitiano
estableció el Programa de Identificación y Documentación para los Inmigrantes
Haitianos en República Dominicana (PIDIH), que se compromete a proveer los tres
documentos de identidad indispensables: acta de nacimiento, cédula de
ciudadanía y pasaporte, por el valor de 20 euros. Una vez más, muchos nos
alegramos de lo parecía un nuevo paso para poder avanzar en el proceso. Pero
para nuestra tristeza y sorpresa hoy, tres meses más tarde, las cosas no están
funcionando como se esperaba. Desde la parroquia La Sagrada Familia estamos en
contacto con la embajada haitiana en Santo Domingo y ha sido imposible obtener
de ellos una respuesta clara acerca de cuándo se podrán gestionar los documentos
requeridos. Cada llamada y visita hecha se encuentra con excusas y dilaciones
que ya han colmado la paciencia de unos y desilusionado la esperanza de otros.
Es triste ver, en definitiva, como el pueblo haitiano que reside en Dominicana
va quedando cada vez más desengañado tanto de las autoridades de su propio país
como de las de la República Dominicana. Parece que haya muy poca voluntad de
cambio por parte de las autoridades tanto dominicanas como haitianas. Por
nuestra parte continuaremos acompañando a la empobrecida y desesperanzada
población de inmigrantes haitianos en Santo Domingo, pero va siendo cada vez
más difícil no perder la esperanza. Parecería, en efecto, que esta absurda
odisea jurídica no tiene fin.
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