El pasado 17 de
junio terminó el plazo establecido por el gobierno de la República Dominicana para
que miles de haitianos indocumentados en aquel país (se dice que entre 300.000
y 500.000), se registraran en las oficinas de gobernación dominicana,
utilizando para ello algún tipo de documento vigente de su país. Desde entonces
quienes no tengan ningún documento (hombres, mujeres o niños) podrán ser llevados
por las fuerzas de seguridad de la República Dominicana a uno de los cientos de
camiones con destino a dos campamentos ubicados al otro lado de la frontera.
Parece que tendrán que irse con lo puesto, que no podrán llevar sus
pertenencias.
Es triste y
desesperante ver las caras de angustia y miedo de personas y familias afectadas
directamente por esta situación. Son hombres, jóvenes, madres y niños que han
establecido aquí su vida con trabajo y esfuerzo, muchos desde hace largo tiempo.
Es doloroso ver la extrema vulnerabilidad con la que viven estos días y es indignante
también que personas e instituciones tanto dominicanas como haitianas se
aprovechen ahora de la desesperación ajena para sacar algún beneficio mediante
distintas corruptelas.
Las autoridades dominicanas han asegurado el respeto a los derechos
humanos y la civilidad en este proceso. Solo nos queda confiar en este buen propósito
y que en medio de una situación tan delicada prevalezcan la sensatez, la
justicia y el respeto a la dignidad de todos.
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